La Secretaría de Estado de Derechos Sociales cerró ayer jueves un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia con las organizaciones empresariales y sindicales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La mesa se puso en marcha en julio de 2020 y desde esa fecha ha celebrado reuniones regulares en las que "tanto los representantes de la Administración General del Estado como los interlocutores sociales han mostrado una clara voluntad de alcanzar un acuerdo en torno a una cuestión tan importante como la mejora del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD)", según un comunicado de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El acuerdo supondrá un aumento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado de al menos 600 M€ durante 2021, así como "una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado".
Respecto a los objetivos para la mejora del SAAD, el acuerdo incluye "reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad".
También establece el compromiso de que la mesa de Diálogo Social presente propuestas para la revisión del acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, que serán enviadas al Consejo Territorial para que las tome en consideración. Dicha revisión impulsará "mejoras que refuercen la calidad de los servicios; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; así como la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estándares de calidad, incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo".
Por último, el acuerdo determina que durante 2021 se va a proceder a la regularización de la figura profesional del Asistente Personal, mientras que, a finales de 2022, "todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un "derecho subjetivo" ligado a la condición de dependencia".
Valoración de AESTE
Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha señalado en un comunicado que "considera que, tras 14 años de la creación de la Ley de la Dependencia, es el momento adecuado para revisar por completo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia" y que está de acuerdo en que "los objetivos fundamentales de esta profunda revisión son: reducir sustancialmente las listas de espera y tiempos de tramitación de solicitudes; introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada a las personas mayores; mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector; y desarrollar modelos profesionalizados que mejoren la calidad de la asistencia para las personas en situación de dependencia".
Asimismo, AESTE subraya que "medidas como reducir de forma sustancial las listas de espera para recibir un servicio o una prestación, permitirán avanzar hacia un modelo universal de reconocimiento de derechos donde el ciudadano que afronte una situación de dependencia dispondrá de un servicio profesional adecuado a sus necesidades" y, al mismo tiempo, "las figuras que han venido utilizándose hasta ahora para dar cobertura a situaciones transitorias irán dejando paso a estructuras más profesionalizadas, con certificados de calidad que ofrecen la garantía y atención que necesitan las personas dependientes".
En palabras de Jesús Cubero, secretario general de AESTE, “hemos hecho lo que tocaba ahora: sentarnos a hablar y fijar las bases de trabajo para que en el primer semestre de 2021 seamos capaces de evaluar las mejoras necesarias del sistema y planificar las mejoras necesarias para que los servicios y prestaciones que reciben nuestros ciudadanos se adecúen a sus necesidades reales, tanto sociales como sanitarias". Además, añade que "este acuerdo entre empresas, trabajadores y administraciones es un ejemplo del trabajo que debería desarrollarse en todos y cada uno de los sectores de la sociedad española", puesto que "nos hace falta más diálogo, y una clara voluntad de resolver los problemas de los ciudadanos".
Cubero destaca asimismo que “las mejoras en los servicios y prestaciones del sistema garantizarán sin duda una atención adecuada de las personas dependientes, pero en este sentido además debemos optar por la implantación de modelos eficientes donde los ciudadanos puedan escoger libremente los centros como parte de esa atención centrada en la persona”.
