En la actualidad, más del 20% de la población española forma parte del grupo de personas de 65 y más años (9,3 millones) y, muy pronto (en 2050), ese porcentaje alcanzará un 30,4% según proyecciones del INE. Este cambio demográfico, inédito en la historia de la humanidad, es uno de los rasgos fundamentales de las sociedades modernas y presenta, junto a sus logros, una serie de desafíos frente a los que habremos de responder. Uno de ellos es afrontar el reto de los cuidados de larga duración (CLD), que se produce en mayor medida cuando las personas superan los 80 años de edad, justamente el segmento de población que más está creciendo y que es cuando mayor riesgo existe de contraer o que se agraven enfermedades y situaciones de dependencia. Así, muchas de nosotras y nosotros alcanzaremos una edad muy avanzada y bastantes necesitaremos recibir cuidados y apoyos diversos durante los últimos años de nuestra vida (pueden ser 6, 10, 15 o 20 …).

¿Nos hemos planteado en serio qué plan de vida desearíamos tener ante esa eventualidad y cuál es el más probable que tengamos?, ¿continuamos teniendo expectativas de que sean nuestras hijas e hijos quienes nos cuiden como en generaciones anteriores?, ¿qué futuro nos espera a quienes no hemos tenido descendencia?, ¿en qué tipo de alojamiento desearíamos vivir y recibir cuidados si no podemos continuar viviendo en nuestra casa?, ¿consentiremos vivir en una habitación compartida con alguien desconocido en una residencia?, ¿qué tipo de profesionales, con qué formación y cuánto tiempo podrán dedicarnos para conocernos bien, atendernos y prestarnos los apoyos que necesitemos para continuar desarrollando nuestro proyecto de vida?, ¿qué garantías tenemos de que se respetará nuestra dignidad y que podremos ejercer nuestros derechos cuando podamos tener una vulnerabilidad extrema?, ¿podremos pagar el precio de los servicios?...

Durante la dura experiencia vivida durante la pandemia de la COVID19, asistimos a la tragedia insoportable de ver cómo tantas y tantas personas mayores fallecieron solas, sin ser confortadas por sus seres queridos y sin recibir la atención sanitaria a la que todos, cualquiera que sea nuestra edad y el lugar en el que vivamos, tenemos derecho. También salieron a la luz casos de personas sujetas e inmovilizadas en su cama o en su silla, deficiente alimentación, grande soledad e incomunicación y falta de participación social; todo ello con grave sufrimiento físico y psicológico… El hecho de que toda la sociedad observara abiertamente los comportamientos gerontofóbicos y edadistas que desde muchas organizaciones veníamos denunciando con anterioridad, tuvo, empero, una parte positiva y es que se comenzara a poner el foco en estas realidades para intentar ponerles remedio. También para decir que esos malos tratos no están generalizados y llamar la atención sobre la realidad de los muchos centros, servicios y profesionales que, aunque con escasez de recursos, brindan una atención humanizada y ética a las personas a las que atienden y pelean se esfuerzan por encontrar soluciones.

Pero lo cierto es que la búsqueda de respuesta a preguntas como las enunciadas arriba (¿qué podemos esperar para nuestra vejez?) está detrás de las iniciativas que en los países de nuestro entorno se han comenzado a emprender, haciéndose eco de los llamamientos que se realizan desde la comunidad científica y organismos como la OMS, la OCDE, la OIT y la UE, todos ellos alertando y haciendo hincapié en la necesidad perentoria de hacer frente a la demanda de CLD que, si ya es relevante hoy, puede llegar a ser insostenible de abordar mañana.

Afortunadamente, en España se van conociendo los caminos que deberemos transitar para tener un sistema de cuidados que nos garantice una buena vida en la vejez, aunque lleguemos a desarrollar graves y difíciles patologías, ya sean de tipo neurológico o cognitivo, físicas o sensoriales. En los últimos años hemos aprendido de los países más avanzados y acumulado conocimiento sobre metodologías que garantizan con buenos resultados de evaluación el buen cuidado. Y ya se pide de manera generalizada en las diferentes Administraciones Públicas la necesaria transformación del modelo: se trata de abandonar prácticas asistencialistas, rígidas y jerárquicas, que no respetan los derechos, las preferencias ni la dignidad de las personas y pasar a un modelo de atención que verdaderamente sea integral (atendiendo el conjunto de nuestras necesidad físicas, psicológicas, espirituales, socioambientales) y que esté centrada en las personas (garantizando su autonomía en la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos con los apoyos que precisen). Pero para superar el carácter puramente declarativo de estas propuestas, habrá de financiarse el incremento de recursos, de las ratios, salarios y condiciones laborales de las y los profesionales del ámbito de los cuidados, junto a otras medidas como promover entre la sociedad el valor social de los cuidados y apoyar a las familias cuidadoras (mujeres en su mayoría), que son quienes hoy por hoy cargan con el mayor peso de la atención, con graves perjuicios para ellas

Nuestra Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) significó un gran avance al declarar como derecho subjetivo la atención que necesitemos. Sin embargo, a pesar de haberse desvelado desde su nacimiento graves dificultades de financiación y otras insuficiencias, la solución a estos problemas se ha venido postergando y no se han resuelto (crisis económica de 2008, pandemia Covid19, adelanto electoral…). Ahora ya es inaplazable corregir nuestro déficit de financiación si realmente se apuesta por la construcción del cuarto pilar del estado de bienestar y converger con el resto de los países de Europa dejando de estar a la cola en porcentaje de gasto destinado a los cuidados en relación con el PIB (en España gastamos un 0,8% cuando otros, como los nórdicos o los Países Bajos, dedican entre un 2,5% y un 4%).

Reconocemos el esfuerzo presupuestario y de apoyo al cambio de modelo realizado en la última legislatura, pero hemos de exigir un mayor esfuerzo en esa línea y denunciar la todavía insuficiente dotación de recursos ya que durante 2022 fallecieron 25.699 personas pendientes de recibir la prestación por dependencia a la que tenían derecho.

Por todo ello, desde la Plataforma de mayores y pensionistas de España (PMP), en la que estamos representadas la mayor parte de las Entidades que representamos y trabajamos por las personas mayores de nuestro país, pedimos a todos los partidos políticos un pacto de estado en materia de CLD, que puede integrarse dentro de un Plan más amplio que incluya los cuidados necesarios en las distintas etapas de la vida, especialmente en la infancia y en situaciones de discapacidad.

Consideramos que, además de tratarse de una obligación derivada de las directrices de la UE y su nueva Estrategia Europea de Cuidados, también está en juego el modelo de país y de sociedad en la que queremos vivir y morir. Nuestra dignidad y nuestros derechos no pueden verse disminuidos y menoscabados cuando alcancemos una avanzada edad, sino que han de ser protegidos y garantizados, del mismo modo que hemos garantizado el derecho universal a la educación y a la sanidad. No tendremos una sociedad decente si no somos capaces de cuidar y ofrecer buen trato a las personas cuando atravesamos el último tramo de nuestra vida.