La esperada nueva normativa sobre aceites vegetales ve la luz. Cuatro años después de entrar en vigor la Norma de calidad del aceite de oliva, el Consejo de Ministros ha aprobado la Norma de calidad de los aceites vegetales comestibles. Esta ley, "desarrollada con un alto grado de consenso", reconoce y permite la producción en España de todos los aceites "de cualquier fruto y semilla autorizados para uso alimentario en la UE. Así, contempla, por ejemplo, los aceites de aguacate y nuez".

"Hasta ahora, el reconocimiento se limitaba a solo ocho aceites vegetales refinados (soja, girasol, cacahuete, algodón, germen de maíz, colza, cártamo y pepita de uva), lo que generaba una clara desventaja competitiva para la industria española frente a productos elaborados en otros países comunitarios", se señala desde el Ministerio de Agricultura.

"Además, por primera vez, se permite la elaboración y venta de aceites vegetales obtenidos mediante procedimientos mecánicos, es decir, se contemplan los aceites de presión, que conservan mejor el aroma y el sabor natural del fruto o semilla. Las etiquetas deberán identificar claramente si se trata de aceites de presión o refinados y, en el caso, de los aceites de mezcla de aceites de semillas, se deberá indicar si alguno de los componentes ha sido refinado. Se podrán incluir menciones voluntarias como alto oleico o medio oleico cuando proceda".

La norma "introduce nuevos parámetros y métodos de análisis para evitar fraudes, garantizar la autenticidad del producto y proteger al consumidor" y toma el relevo de la aprobada para el aceite de oliva. Así, los términos "virgen" y "virgen extra" -indicativos de una extracción con medios físicos- quedan reservados para el oro líquido. Por tanto, no se podrá utilizar la identificación "virgen" en las etiquetas del aceite de coco, etc. Del mismo modo, queda prohibida la realización de mezclas de aceite de oliva con producto de semillas en España.

"Se ha actualizado la reglamentación técnico-sanitaria sobre estas grasas comestibles, que estaba en vigor desde 1983. La revisión responde a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual del sector y a las nuevas demandas de los consumidores. El nuevo texto legislativo ha sido desarrollado con un alto grado de acuerdo entre las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los representantes sectoriales y representa un importante avance hacia una industria más moderna, competitiva y transparente".