"La Comisión Europea debe salvaguardar el futuro de la industria atunera comunitaria y garantizar la viabilidad económica y social de la misma, lo cual pasa ineludiblemente por restablecer urgentemente la necesidad del cumplimiento de las reglas de origen en el ámbito del Acuerdo de Partenariado Económico con los Estados del Pacífico (APP)". Ésta es la principal conclusión extraída en el seno de la V Conferencia Mundial del Atún que se ha celebrado esta semana en Vigo (Pontevedra) y en la que han participado los principales representantes de la industria atunera mundial.

En las conclusiones elaboradas por los organizadores se califica de "alarmante" la pérdida de competitividad de la industria atunera española y comunitaria fruto del "creciente desarrollo del esquema de industrias atuneras de terceros países poco preocupadas por la sostenibilidad y con estándares sociales, laborales y sanitarios muy inferiores" a las exigidas en el ámbito de la UE.

Especialmente reseñable es el caso de Papúa Nueva Guinea, uno de los países que cuenta con condiciones preferenciales para la exportación de sus productos atuneros a la UE. En el transcurso de la conferencia se dio a conocer un informe elaborado por la consultora Nancy Sullivan, de Papúa Nueva Guinea, en el que se pusieron de relieve las escasas condiciones higiénico-sanitarias de los barcos de cápturas y de las plantas transformadoras en este país, así como aspectos socio-laborales como los salarios percibidos por los trabajadores, muy por debajo de los mínimos permitidos.

La industria atunera considera así mismo esencial para su subsistencia el control del cumplimiento de la normativa IUU -relativa al control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada-, y el "mantenimiento del actual arancel para las importaciones de conservas y preparados de atún de la UE procedentes de países no preferenciales", como medio para poder conservar el "equilibrio" existente en la actualidad en el ámbito comunitario.

Por último, instan a las autoridades a "garantizar la seguridad de la flota atunera que opera en el Índico", especialmente en lo relacionado con el acoso de las embarcaciones por parte de los piratas somalíes. Este hecho, en opinión de los representantes de la industria, "incide negativamente en las capturas de atún de la flota atunera congeladora y en el abastecimiento a la industria conservera".

En este sentido, la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, confirmó en el transcurso de la conferencia que el Gobierno español tratará de aplicar con total celeridad el acuerdo alcanzado con las Seychelles para que los barcos españoles puedan portar armamento pesado, a fin de mejorar su seguridad.

Aumento de las licencias de pesca

Por otro lado, durante los días que se extendieron las jornadas, también se dio a conocer que la flota atunera española contará con 15 de las 25 licencias de pesca concedidas por Costa de Marfil a la UE. Así lo anunció en el seno de la conferencia el ministro de Pesca del país africano, Kobenan Kouassi Adjoumani, quien puso de manifiesto su deseo de ampliar a 60 el número total de licencias para la flota comunitaria, al mismo tiempo que avanzó que ya han mantenido los primeros contactos con armadores españoles para explotarlas.

Mientras se amplían estas licencias para operar en Costa de Marfil, la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) puso sobre la mesa la necesidad de que la UE negocie con países como India, que podría convertirse en un "caladero refugio" para los barcos españoles.