Priorizar la salud pública, proteger a nuestras familias y a nosotros mismos, y muy especialmente a las personas más vulnerables a esta enfermedad, nos debe enorgullecer como ciudadanos y como país. Todo esfuerzo individual y colectivo en este sentido se convertirá, cuando los días más duros a los que vamos a hacer frente en las próximas semanas comiencen a quedar atrás, en un enorme motivo de fuerza moral y dignidad. Y esto nos hará mucho más fuertes para emprender la compleja tarea de la reconstrucción, el esfuerzo colectivo por retomar la normalidad.
Saber que habrá un ‘día después’ supone que, en paralelo a la necesaria lucha sanitaria que nos concierne a todos, hay que tratar de reducir el impacto económico, sus repercusiones en las empresas y, por extensión, en millones de empleos.
En una situación como la actual, excepcional y nunca antes vivida, entendemos que los prejuicios ideológicos pueden actuar como una luz negra que sólo oscurece la visión a la hora de tomar decisiones de tan amplio calado. No se puede proteger a los trabajadores si no se hace lo posible por garantizar las constantes vitales de las empresas. Somos plenamente conscientes de las limitaciones que España posee desde la perspectiva de la autonomía económica y financiera para tomar medidas de gran impacto. Pero sí que podemos exigir una mejor identificación de los problemas, las necesidades y las soluciones que se plantean.
Nos referimos a cómo orientar las medidas de liquidez en un país en el que precisamente las pymes tienen su circulante en cuentas de cliente. Y muy especialmente en nuestro sector. Y éste es el verdadero riesgo para nuestras empresas, como hemos estado advirtiendo en público y en privado en las últimas semanas.
Un posible shock de liquidez fruto de la morosidad requiere un mecanismo que garantice los cobros de los contratos debidamente celebrados. A fin de cuentas, existe una Ley de Morosidad para cuyo cumplimiento debería velar la propia Administración. Y en este escenario, éste es un problema mayúsculo, en especial, para nuestro sector. Un problema al que se suma el comportamiento injustificado de las principales operadoras de aseguramiento del riesgo, que han empezado a retirarse del sector de la construcción siguiendo su forma de actuar en 2008.
En este nuevo contexto de cierres de actividad, las empresas tienen que hacer frente a sus compromisos tributarios, impuestos y cotizaciones, pagar los gastos fijos, conceder permisos retribuidos y, aun teniendo cerradas todas las fuentes de ingresos, asumir los costes del mantenimiento de sus estructuras en un esfuerzo que, sin duda, el empresario va a hacer.
Pero sólo será posible si realmente se puede acceder de forma directa a liquidez, y más en un sector ahogado por la morosidad. El cierre de sucursales y la reducción de los operativos en las que están abiertas puede suponer un problema añadido a las complejas gestiones entre empresa y entidad financiera. Se requiere, por tanto, el diseño o habilitación de un mecanismo de solicitud directa que permita una rápida gestión de las líneas de liquidez y su concesión.
Somos un agente clave de un sector que integra una gran cadena de valor técnica, industrial, logística y con un enorme aporte tanto en términos de valor directo e indirecto (12% PIB) como de generación de empleo (+1.5 millones de empleos). Y somos un sector que, además, va a ser estratégico a la hora de buscar mecanismos de arranque de la economía. Pero si no se actúa con urgencia, el sector de la construcción puede verse especialmente dañado en el eje central de su cadena de valor.
Sabemos que sufrimos un acontecimiento ante todo humano, que en su dimensión económica excede sectores, países y que nunca antes habíamos conocido. La gravedad del problema requiere de decisiones no sólo nacionales, sino acciones coordinadas y apoyadas de forma decidida en el ámbito europeo. Las capacidades nacionales están, en especial en España, muy limitadas; pero dentro de estas limitaciones, y precisamente por ellas, lo que debemos esperar y exigir de todos nuestros representantes políticos es el abandono de posturas reduccionistas y unilaterales y buscar soluciones lo más equilibradas y nítidas posible, debidamente planteadas con los agentes sociales.
Nos jugamos mucho. Y más allá del presente, nos estamos jugando el futuro.
Sebastián Molinero, secretario general de Andimac
