La Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, organización profesional que agrupa fundamentalmente a pequeñas empresas y autónomos, ha decidido convocar un paro indefinido en el sector a partir del lunes 14 de noviembre, tras una votación realizada este fin de semana. Desde esta entidad, que ya realizó los paros del pasado mes de marzo y amenazó con otra convocatoria en junio, se argumenta que la nueva normativa de protección del transportista aprobada en los últimos meses no se está cumpliendo en todos los casos, como motivo para llevar a cabo la movilización. También se señala que no se están inspeccionando las infracciones denunciadas, que darían lugar a sanciones. Principalmente, las relativas a la Ley de la Cadena de Transporte, que prohibe el servicio a precios por debajo de costes, y el Decreto para la mejora de la sostenibilidad del transporte, que implica la prohibición de que el conductor asuma tareas de carga y descarga o que se produzcan largas esperas en los momentos de entrega.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en declaraciones que recoge RTVE, ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en las que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia, con sanciones que pueden llegar a 4.000 €. La ministra ha adelantado que se está ultimando un plan de inspección donde se refuerzan los mecanismos de seguimiento, que presentará "en las próximas semanas".
El gran consumo reclama seguridad y garantías para el abastecimiento
Ante la amenaza de este nuevo paro, las organizaciones agrarias Coag y UPA, así como las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias De España, Fiab, Hostelería De España y Marcas De Restauración, representantes de la cadena alimentaria y de la hostelería, han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas. Recordemos que en la huelga de marzo se produjo el cierre de fábricas por falta de suministro de materiales, y el gran consumo cuantificó en 600 M las pérdidas semanales para el sector y en 130 M€ los sobrecostes diarios para las empresas de distribución.
Desde estas organizaciones de gran consumo piden que no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron entonces al buen funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas.
Asimismo, advierten que toda la cadena alimentaria ya está gravemente tensionada por el complejo escenario internacional y destacan los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento delicadísimo, fruto de la actual coyuntura. "Somos un sector esencial y estratégico, como ha quedado demostrado en las recientes crisis que hemos padecido, y creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea", afirman.
En la federación de exportación hortofrutícola Fepex ponen el acento en la repercusión que tendría esta actuación durante un mes que es uno de los de mayor actividad hortofrutícola. Así, en noviembre se comercializan unas 600.000 t semanales, por un valor de 700 M€, de las cuales dos tercios se destinan a exportación. El 94,1% de las frutas y hortalizas exportadas por España se hace por carretera, con el camión como principal medio de transporte.
Razones de la convocatoria
La organización convocante revela que desde el Ministerio de Transporte no se están llevando a cabo las actuaciones para comprobar, y sancionar en su caso, las irregularidades que han detectado. Y que se "están empezando a dar casos de represalias hacia los conductores que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones. En este sentido también desde la Inspección de Transporte se ha desautorizado a cualquier cuerpo de seguridad del Estado a intervenir", reclaman. "Por eso decimos que en estos momentos no podemos consentir que todos estos acontecimientos continúen y de ahí el decidir por unanimidad de los Delegados, la convocatoria de Paro Nacional Indefinido".
Dentro del sector de transporte por carretera, se considera a Plataforma como una organización minoritaria, que no participa en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano oficial de representación del sector con la Administración. Pero su capacidad de movilización quedó demostrada en la huelga acaecida en marzo. La principal asociación integrada en el CNTC, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha pedido que se evite un paro que solo perjudicará al sector y al conjunto de la sociedad española. "Desde la Plataforma celebraron como un triunfo la aprobación de la Ley de la Cadena de Transporte y, ahora, quieren abocarnos a otro paro, con lo que eso supone para el sector, aún a sabiendas de que su principal petición es inviable jurídicamente. Es un descaro que se intente engañar a los transportistas, y que les hagan creer que la única solución es la de paralizar sus camiones, poniendo encima de la mesa mensajes populistas y argumentos engañosos, puesto que no se pueden establecer tarifas mínimas, tal y como ha recordado en numerosas ocasiones la Comisión Nacional de la Competencia", argumentan en CETM.
Desde esta patronal transportista, se ha reclamado que no se imponga el paro bajo amenazas, coacciones y piquetes "que dejan de ser informativos". "Aquellos que decidan parar, o a los que no les quede más remedio que hacerlo para no superar los límites de facturación del sistema de módulos (125.000 euros/año), están en su derecho, pero no pueden olvidar que deben respetar la decisión de los demás", señalan. "Pedimos al Ministerio del Interior que informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esta convocatoria para que actúen con la contundencia y firmeza necesaria para lograr que nuestras empresas garanticen el suministro".
CETM solicita retomar la vía del diálogo y pone en contexto la situación, pues las nuevas normativas apenas tienen un mes de vida. "Sabemos que para obtener resultados y para cambiar hábitos que se habían normalizado hace falta tiempo y, por eso, debemos tener paciencia y trabajar unidos".
