La Asociación Empresarial de Gestores de Centros Residenciales (GESCA) ha manifestado su preocupación por lo que consideran una "utilización política y sindical de las residencias de mayores, con motivo de las convocatorias de huelga que los sindicatos ELA y LAB están promoviendo en las residencias privadas de Bizkaia". Siempre según palabras de GESCA, "han sido los sindicatos quienes se han levantado de la mesa de negociación del convenio tras plantear dos reivindicaciones: la equiparación de las condiciones laborales con el personal que trabaja en los centros de gestión pública (funcionarios) o que el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) se siente a negociar el convenio".

La patronal asegura que "más del 80% de los centros son de titularidad privada, es decir han sido promovidos por entidades privadas y hay que recordar que, mediante diversas formulas de colaboracion publico-privada, en Bizkaia se ha podido crear una tupida red de residencias que aglutina a algunas de titularidad publica y otras de titularidad privada, de manera que, cuando una persona reconocida como dependiente, tiene derecho, y desea acceder a una plaza residencial, tiene libertad de eleccion entre un amplio abanico de opciones"

GESCA afirma además que "es falso que las patronales vayan a recibir de la DFB 255 M€". Según la información que aporta esta asociación, "esta cifra se corresponde con las 3.000 plazas que esta administración va a concertar con las residencias privadas desde setiembre de 2021, hasta diciembre de 2023, para ofrecer la mencionada atención residencial a las personas dependientes que tienen derecho a recibir esta prestación, a un precio de 90 €/día. De esta cantidad, las personas usuarias y/o sus familias copagan entre el 30-50% a la entidad foral". Mientras que "el coste de esta misma atención, en los centros del Instituto Foral de Atención Social (IFAS), referente de las reivindicaciones sindicales, se sitúa en el entorno de los 275-300 € diarios, según los presupuestos de este ente foral.

La patronal concluye que "al igual que ocurre en otros sectores, en los últimos años diversos fondos de inversión han ido adquiriendo y promoviendo centros residenciales que alquilan a gestores profesionales a cambio de una rentabilidad proporcionada y razonable. Utilizar el despectivo calificativo de “buitres” a estos inversores solo se justifica por el desconocimiento de la realidad y/o, la intención de criminalizar a la iniciativa privada, en un discurso demagógico, con una importante carga ideológica".