Según las estimaciones realizadas por la firma de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, la sanidad pública española podría ahorrar más de 13.000 M€ anuales con la puesta en marcha de nuevas fórmulas de gestión público-privada alternativas al copago, que permitirían una reducción del 25% sobre un presupuesto global de 53.500 M. Este ahorro permitiría rebajar un 42% el déficit de 31.500 M€, registrado por las autonomías en 2011, a través de tres medidas complementarias que abaratarían el coste sanitario para los usuarios, manteniendo la calidad, universalidad y gratuidad del servicio. La primera de estas medidas es la creación de una central de compras sanitaria privada, con la que la administración ahorraría, al menos, un 20% en la adquisición de fármacos para centros hospitalarios. Este sistema, que el gobierno quiere promover en todas las autonomías, aliviaría la deuda de más de 15.000 M€ que el sistema sanitario tiene con sus proveedores.

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, los presupuestos para 2012 reflejan un importante recorte del gasto por habitante, que en algunas comunidades supone hasta 200 € menos, respecto al comienzo de la crisis. Por ello, para mantener el mismo nivel de prestación, sin disminuir los recursos, Russell Bedford propone la gestión privada en ciertos servicios, como los de análisis de sangre, radiología, tratamiento de residuos, cocinas, limpieza y lavandería. Así, se conseguiría reducir a la mitad el coste sanitario por paciente en los hospitales públicos, que oscila entre los 1.100 y los 1.600 €, dependiendo de la comunidad autónoma.

Finalmente, con respecto a la tercera vía de ahorro, la auditoría propone revalorizar las infraestructuras sanitarias públicas que se iniciaron en la etapa de crecimiento económico y que, actualmente, suponen un desembolso elevado que dificulta la asistencia de los pacientes, en las mismas condiciones que hace años. Según el estudio de Russell Bedford, los mayores ahorros en términos absolutos se conseguirían en aquellas comunidades que tienen un presupuesto más elevado. Así, a la cabeza, se situarían Andalucía, con 2.348 M€, seguida de Cataluña (2.127 M€), Madrid (1.792 M€), Comunidad Valenciana (1.373 M€), Galicia (883 M€), Castilla y León (865 M€) y País Vasco (849 M€).