La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y los sindicatos UGT y CCOO confían en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público contribuya a cubrir los costes laborales y a garantizar los derechos sociales de los trabajadores en todos los procesos de licitación de las diferentes administraciones públicas. Así es como analizaban al importancia de la nueva normativa representantes de este sector, formado por más de 17.000 empresas que tienen contratados a más de 350.000 trabajadores.

El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, señaló que se trata de “un sector muy atomizado en el que entre un 30% y un 40% del volumen total de su negocio procede de lasadministraciones públicas y de sus licitaciones, con más de 60 convenios colectivosy unos costes laborales que se acercan al 90%”. En su opinión, la nueva ley ofrece las pautas necesarias para evitar que el precio se convierta en el único factor determinante a la hora de adjudicar un concurso.

En este sentido, el presidente de la patronal reiteró su deseo de que la ley permita mejores condiciones de licitación y matizó en qué consiste el ‘valor ṕptimo’; un concepto con el que se pretende enseñar y dar pautas, a partir de la directiva europea de contratación pública, que permitan clasificar diversos elementos relativos a la calidad del servicio de limpieza, entre los que se incluyen las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas a sus trabajadores, para ponderarlos con el precio.

En el mismo encuentro, el presidente de Aspel llamó la atención sobre las consecuencias negativas del uso de la subasta electrónica como método para la adjudicación de algunos contratos de servicios. “Va contra la directiva de la UE y contraviene lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”, dijo. A su juicio, “la subasta electrónica tiene como principal objetivo obtener el menor precio posible y, en última instancia, provoca que se haya reducido drásticamente el número de aspirantes en gran parte de los concursos que la utilizan y que algunos concursos se queden desiertos”.

Durante la jornada, se abordaron también las características de un mercado que, según datos de la Seguridad Social, está formado por más de 18.000 empresas, de las cuales, menos de 4.000 están activas. Un circunstancia que podría ser un "síntoma de la presencia de economía sumergida". Según Díez de los Ríos, “cada año se crean varias empresas con uno o dos empleados pero sin movimientos en caja”.

En este contexto, y haciendo balance del sector en el último año, a pesar de asuntos como éstos que se seguirán abordando, Aspel avanzaba la previsión de un crecimiento del 2% sobre la facturación global en 2018, ofreciendo así una visión más optimista del sector tras los años de crisis.