La paralización de las licitaciones públicas, durante los peores momentos de la pandemia del Covid-19, limitó temporalmente las opciones de sumar nuevos centros a las principales entidades del Tercer Sector. No obstante, asociaciones, fundaciones y cooperativas continuaron compaginando la promoción de centros de promoción propia con la gestión de residencias públicas adjudicadas previamente y apoyaron a las administraciones en la gestión temporal de centros. Las principales organizaciones religiosas, por su parte, mantienen la titularidad de sus centros, aunque van cediendo poco a poco la gestión de algunas residencias a operadores privados. En septiembre de 2020, la presencia del Tercer Sector supera las 91.000 camas, con más de 1.220 centros abiertos, manteniendo, e incluso incrementando ligeramente su peso de años anteriores en el total del sector geriátrico de nuestro país.
Las entidades del Tercer Sector, aunque afectadas en los últimos meses por los efectos del coronavirus, como el resto de operadores del sector geriátrico, han seguido intentando incorporar residencias a sus redes, ya sea de promoción propia o con adjudicaciones públicas. Los datos recogidos por Alimarket Sanidad y Dependencia elevan hasta 1.222 los centros propiedad de asociaciones, mutualidades, fundaciones, congregaciones religiosas y otros organismos sin ánimo de lucro, con un total de 91.314 camas, que les permiten aumentar su peso en el cómputo nacional de centros y camas, hasta representar el 24,42% y el 24,6%, respectivamente. Unos porcentajes ligeramente superiores a los de años anteriores.
No hay que olvidar que estos datos están referidos a la propiedad de los centros, donde las entidades religiosas siguen teniendo un papel muy relevante. Hoy, todavía son titulares del 39,77% de las residencias del Tercer Sector y del 43,5% de las camas. Mientras, el resto de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro siguen siendo propietarias de más del 60% de las residencias y del 57% de las camas y en la mayor parte de los casos son gestoras de los centros. Es en este grupo en el que se encuentran las principales gestoras de recursos públicos que, año tras año, van tratando de incrementar su cartera optando a las distintas licitaciones. Este año, entre los meses de marzo y junio, la licitación pública se paralizaba (la práctica totalidad de las administraciones municipales y autonómicas dejaron de sacar concursos durante los meses de marzo, abril, mayo e incluso junio), pero a las principales organizaciones se les otorgó un papel muy relevante como aliadas de las administraciones, asumiendo la gestión temporal de centros gestionados habitualmente por otros operadores a los que la pandemia ha desbordado.
Es el caso de la Fundación Vella Terra, entidad vinculada al grupo geriátrico VL, que en mayo era solicitada por la Generalitat para hacerse cargo temporalmente de la residencia Mòssen Vidal i Aunós, hasta ese momento en manos del grupo Eulen Servicios Sociosanitarios. También a petición de la Generalitat, Vella Terra se hacía cargo de forma temporal, de la residencia privada Marvi-Park, de Barcelona. Así, en estos meses, Vella Terra ha sumado la gestión de los dos centros a su red, que integran además tres residencias de la Generalitat en Barcelona (2) y Campdevànol (Girona) y una más de su propiedad en el municipio de Arenys de Munt (Barcelona), además de dos residencias para personas con discapacidad. Por su parte, el grupo VL, al que Vella Terra está vinculada, dispone de otros seis geriátricos propios, entre ellos la residencia Les Deus de Corbera de Llobregat (Barcelona), que el grupo adquirió en octubre de 2019.
